Confesiones del director ejecutivo del Foncodes

Cuando en marzo el gobierno tuvo la necesidad de hacer cambios en el Fondo de Compensación para el Desarrollo Social (Foncodes), se nombró como director ejecutivo al licenciado en administración Wilber Fernando Venegas Torres, quien fuera presidente del Gobierno Regional de Apurímac. Su designación provocó la reacción de sus opositores, quienes lo denunciaron por incompetencia y actos de corrupción. La bulla fue tan grande, que la ministra de Inclusión Social, Paola Bustamante, llegó hasta pedirle su renuncia si no dejaba clara su inocencia. Fue la Contraloría General de la República la que no le encontró responsabilidad y eso lo mantiene en el cargo y hace unos días lo trajo hasta Pucallpa para dirigirse a Contamana y cumplir sus funciones, impulsando proyectos comunales ejecutados por los propios pueblos y alentando actividades productivas en el seno más profundo del país, donde se pueden descubrir nuevas oportunidades de desarrollo que deben seguir un camino de crecimiento para que los más pobres tengan oportunidad de ser más beneficiados, beneficiando a la larga al país y a la reducción de la pobreza. Pero, en política, no es suficiente quedar limpio de culpa en una investigación. Tus detractores seguirán siéndolo y mantendrán la duda en la opinión pública, mellando la bondad de los objetivos de instituciones, como Foncodes. Por eso es que no solo hay que ser, sino parecer inocente. Y Ucayali también tiene programas que conduce dicho organismo necesitan tener estabilidad y pueden tambalear si no hay la suficiente confianza. Por eso ÍMPETU planteó esas contradicciones a Venegas cuando estuvo en nuestra ciudad, y esta fue su defensa.

 

Sus enemigos no dejan de responsabilizarlo por irregularidades cuando presidió el Gobierno Regional de Apurímac y hasta pusieron en duda su formación profesional.

Es un tema político. Quienes participamos en política siempre tenemos detractores y personas que sí están de acuerdo con una gestión. Yo tengo más de una docena de denuncias, pero son por abuso de autoridad, negligencia funcional, que, usualmente cuando uno es titular de pliego, si es que un funcionario comete un abuso de autoridad, de todas maneras van a llamar al titular de pliego.

El tema del supuesto título falso, me lo hicieron cuando postulé todavía, el 2014. Cuestionaron que no tenía título registrado en el Sunedu. Una vez que el Sunedu empezó a registrar los títulos, no sacó ninguna norma que permitiera convalidar los títulos estudiados fuera del país. Recién lo sacó el 2017.

 

La exigencia de convalidar títulos viene de hace muchos años.

Para acreditar títulos dentro del país. Pero para los títulos fuera del país, el Sunedu sacó la norma recién el 2017. Yo no lo podía acreditar mi título el 2014. Es por eso que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no aceptó la tacha porque está demostrado que estudié en la Universidad Carlos III, en Madrid, en Análisis y Gestión de Políticas Públicas, y también estudié Gobernabilidad, en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín y mi tesis fue sobre la reconfiguración geopolítica del Perú. También eso está en trámite, pero el título es absolutamente valedero y real. Por eso, en primera instancia, el juez archivó el proceso.

 

Pero ese tema fue apelado.

Sí. Y ya había prescrito, pero un descuido de mis asesores, ocasionó que mandaran 13 días de sentencia, lo cual apelé y en casación fue admitido. En este momento no tengo ninguna sentencia firme, menos por actos de corrupción.

 

Le cuestionan que, en 4 años, no pudo terminar el Hospital de Andahuaylas.

Ese hospital fue transferido por el Ministerio de Salud a la gestión del David Salazar, quien fue gobernador hasta el 2010. Su gestión mandó hacer los expedientes técnicos y lo dejó con presupuesto completo.

Mi antecesor, Elías Segovia, aprobó el expediente y lo licitó al 110% de su valor. Y esos expedientes están mal hechos, porque desde un inicio la empresa Consorcio Andahuaylas encontró que estaban mal y Segovia se comprometió a solucionar el tema.

Cuando nosotros asumimos el cargo el 2015, no tenía presupuesto, porque Segovia había agarrado recursos del hospital y los destinó a 220 proyectos que no tenían financiamiento, por lo cual la Contraloría lo denunció por 80 millones.

 

Pero el proyecto sigue paralizado y en arbitraje.

Nosotros lo encontramos paralizado y con arbitraje. Y la supervisora había rescindido el contrato en agosto del 2014 por falta de pago por el Gobierno Regional de entonces. Un proyecto sin supervisión no podía continuar. Entonces, mi antecesor, el señor Segovia, el 15 de diciembre firmó un acta de paralización, donde se compromete por cada mes pagarle más de un cuarto de millón de soles a constructora, porque el gobierno regional no tenía los recursos, los habían malversado. Así encontramos la obra.

 

Tampoco era la única obra en arbitraje.

Encontramos 30 arbitrajes. Había 140 millones de deuda con proveedores, porque, confiado en un crédito suplementario que le iba a otorgar el gobierno central de entonces, que no se cumplió, el señor Segovia también usó dinero del desagüe de Abancay, que viene desde el 2006, y empezó otros proyectos. ¿Qué teníamos que hacer? Rescindir el contrato, irnos a un arbitraje, y usted sabe que el Estado usualmente pierde los arbitrajes.

 

Pero la obra ya tenía avances.

Sí, pero había un gran problema, por lo que también la Contraloría va a denunciar al anterior gobernador. Este proyecto era llave en mano y, sin que el hospital esté terminado, compraron todo el equipamiento por más de 60 millones, que ahora está almacenado en Lima. Eso fue algo irregular que la supervisora dio conformidad a Segovia, ya canceló por esos equipos que no están instalados ni funcionan, cuya garantía se está venciendo. Entonces, ninguna empresa seria aceptará un problema para un saldo de obra.

 

¿Está casi condenada, entonces, a mantenerse así como un elefante blanco?

Hemos conciliado. Yo fui citado a la Comisión de Econo0mía del Congreso, porque existen más de una docena de hospitales en todo el país en esa situación, y vimos que están vinculados al Club de la Construcción. De hecho, la supervisora del Hospital de Andahuaylas era subsidiaria de Odebrecht y los expedientes estaban mal hechos.

Nosotros actuamos de acuerdo a norma, haciendo el mal menor. Con apoyo del Centro de Conciliaciones de la Universidad Católica, hemos conciliado, pese a que la empresa decía que no puede conciliar si no tenía dinero para terminar la obra. El MINSA había transferido al Gobierno Regional de entonces el 100 % del presupuesto. ¿Podía volverle a dar dinero para la misma obra? Ha tenido que hacer los análisis correspondientes y, por no perjudicar a los apurimeños, volvió a dar los recursos y conciliamos, aunque la empresa reclamaba que primero le paguen lo que se le debía desde el 2014, más de 8 millones, aunque ya se le había comprometido pagarle cada mes 270 mil soles mensuales. O sea, un cuarto de millón cada mes sin que la empresa haga nada.

 

¿Y aun así se procedió?

Yo, como representante del gobierno apurimeño no podía aceptar eso. Pero, como le digo, tuvimos que conciliar.

 

¿Bajo qué términos?

Que nosotros nos abocamos a pagar todo lo que diga la supervisora. Entonces se tuvo que hacer una licitación para una nueva supervisora. El MINSA hizo el estudio de mercado y determinó un monto. Pero no solamente era la supervisión. Se tenía que validar todo lo que había ocasionado deudas anteriormente. De las 30 empresas que se presentaron, ninguna postuló porque el monto era muy bajo. Se ha tenido que subir al doble, y tampoco. A la tercera vez recién se presentaron. Eso demoró casi un año y los recursos no te los dan de inmediato. El 2015 el presupuesto estaba hecho y no había recursos para terminar el hospital. Recién el 2016 conciliamos y con eso el MINSA nos dio recursos para el 2017.

Otro punto de conciliación fue que la empresa constructora tenía que hacer los expedientes adicionales. Solo para ponerle un ejemplo, el área de comunicaciones tenía un valor de 1 400 000, cuando todos los hospitales del país, en promedio, un hospital II-2, vale entre 12 y 14 millones. ¿Cómo se iba a hacer con 1 millón 400 mil? Era un mamarracho, no tenía ningún sustento técnico. Se tuvo que reformular 7 expedientes pero la empresa pedía adelantos y eso no lo puede hacer el gobierno regional. Después de un año, al no tener los expedientes, tomé la decisión, que legalmente me es permitida una decisión de gestión, para que el gobierno regional haga los expedientes. Así es como hemos saneado el proyecto y la infraestructura física está en 80 %.

 

¿Y el equipamiento?

También está en arbitraje, porque mi antecesor ya lo ha pagado, pero el contrato es llave en mano. Cuando se termine el hospital, tiene que instalar esos equipos. Por eso nosotros no podíamos rescindir el contrato a la empresa, porque quién va a garantizar que eso funcione. Existe la información que, para terminar el hospital de Andahuaylas, solo se necesita que la Contraloría apruebe dos expedientes adicionales, el de comunicaciones y el eléctrico, porque el presupuesto lo garantizaba el MINSA. Eso es todo.

 

Presupuesto. También le objetan mucho reintegro al Tesoro Público.

Es que no se puede revertir, porque ese dinero no es de usos ordinarios.

 

¿Tienen canon minero?

Todavía no existe canon en Apurímac. Hay un tema del Cerro Teta, que es un recurso que recibió mi antecesor como un crédito para adelanto del canon. Pero el Poder Judicial embargó las cuentas de ese proyecto, lo cual es ilegal y hemos quejado y el Ministerio de Justicia nos apoyó. Y el presidente de Suprema dijo que no era posible embargar cuentas de un proyecto, pero en Apurímac embargaron la del Cerro Teta. Después que lo desbloquearon, está en plena construcción.

 

Según estudios, Apurímac era la región más corrupta.

Es la única región que en 4 años ha subido 5 puntos en competitividad. La conflictividad se redujo. Pero sí, antes que mi persona asuma el gobierno regional, de acuerdo a Ciudadanos al Día, Apurímac estaba considerada como la región más corrupta del Perú. Pero no todas las autoridades somos corruptas. Los corruptos quieren hacernos creer que todos somos corruptos y no es así. Yo soy una persona honesta desde mis padres. Mi padre ha sido tres veces alcalde de mi pueblo, nunca ha tenido una denuncia. He manejado anteriormente un programa social, nunca tuve denuncias por corrupción. No tengo sentencias, vivo de mi sueldo y eso lo sabe la población.

Pero nuestros contendores políticos no deben desesperarse, porque no pienso volver a postular, salvo que la población me lo pida.

 

¿El Gobierno Regional de Apurímac ha tenido alguna injerencia en la ejecución del proyecto Las Bambas?

Las Bambas es un proyecto netamente nacional, estratégico, importante. Y nosotros, como gobernadores regionales, tenemos, de acuerdo a la ley, también una responsabilidad de promover la inversión pública y privada. El 60% de la región Apurímac está concesionada, porque estamos encima de una cordillera de cobre. Y ahí están las encuestas: en Apurímac no existe un sentimiento anti minero. Pero sí hubo huelgas, paros porque el gobierno central actúa muy lento. El gobierno regional también. No lo hemos hecho con la rapidez que la población desearía.

La zona de Cotabambas es la más pobre de la región Apurímac y de la noche a la mañana ingresan recursos importantes y crea todo un problema social y económico. Tenemos que actuar con mayor rapidez, pero todavía no recibimos recursos del canon.

 

Pero recibieron 80 millones de adelanto.

Sí, pero ya quisiéramos recibir lo haber recibido casi 180 millones como Chalhuahuacho, como distrito. La región Apurímac recibió casi 500 millones, pero como gobierno regional solo manejamos el 20 % de ese adelanto de canon. El 70 % fue al agro y somos la región que más invirtió en agricultura, después de Arequipa, en riego tecnificado. Ninguna región ha forestado como nosotros. Hemos sembrado 28 millones de árboles. Y de acá a 20 años va a estar valorizado en más de 6000 millones de dólares, de la cual son dueñas las comunidades. Hemos reactivado la economía y se ha hecho sin planillas fantasmas, con total transparencia.

 

Apurímac también tiene su proyecto tren.

No solo hay que atraer inversión minera, así que nosotros hemos propuesto y está en plena licitación hacer un tren desde Marcona hasta el límite con el Cusco. Y hemos creado una mancomunidad, igual que acá en la Amazonía han hecho la Mancomunidad Amazónica Central los Andes, que le va a permitir acceder a Lima y conectarse con Brasil, nosotros tenemos Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Madre de Dios para hacer un corredor. Los estudios del tren ya están en plena licitación. Esperamos que pueda ser también un eje de desarrollo adecuado.

 

Aun así, las investigaciones tendrán que seguir.

Cuando el año pasado me invitaron a la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) tuve oportunidad de mostrar resultados concretos de desarrollo y crecimiento en Apurímac. Ya no somos la región más corrupta, por lo menos cuando yo dejé la gobernación. Tampoco tenemos los más altos niveles de conflictividad y yo no tengo denuncias por corrupción.

 

Lo que no significa que no aparezcan.

Es probable que las voy a tener, pero las autoridades correspondientes como la Contraloría y el Poder Judicial, podrán determinar si hay o no irregularidades. Nunca se puede agradar a todos, pero tengo la tranquilidad y satisfacción de haber actuado y actuar con honestidad, con transparencia y al servicio de los ciudadanos, como lo hacen muchos ciudadanos de a pie.

Cuántos presidentes de comunidad acá en la Amazonía trabajan gratis por el desarrollo de su región, de su pueblo, sacrificando a su familia. Pero los alcaldes, los gobernadores, los funcionarios hacemos lo mismo, pero pagados. Entonces, la corrupción de una autoridad, un funcionario no solamente es un delito, es un crimen. Es quitarle oportunidades a los que menos tienen, de haber faltado al compromiso y a la confianza, porque los ciudadanos nos dan la confianza para administrar su dinero. Entonces, yo creo que la corrupción no solo es un delito, es un crimen.

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REVISTA DIGITAL Impetu 08 de Junio del 2019

Sáb Jun 8 , 2019
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