Fin de año estará lista estrategia nacional de parques industriales

LIMA.- La ministra de la Producción, Rocío Barrios, anunció que antes de fin de año estará lista la estrategia nacional de parques industriales, que viene afinando PRODUCE con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

 

“Esta iniciativa nos dará una hoja de ruta para dar viabilidad a estos espacios geográficos que necesitamos en cada una de las regiones del país a fin de potenciar nuestras industrias y aprovechar las oportunidades que ofrece cada sector o negocio”, sostuvo durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre “Parques Industriales para el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible”.

 

Barrios precisó que como parte de esta iniciativa PRODUCE suscribió en marzo pasado un convenio con ProInversión para concesionar la construcción del Parque Industrial de Ancón, que se levantará en un terreno de más de mil hectáreas y será el primero bajo los estándares de calidad internacional.

 

“Hoy tenemos el convenio firmado y estamos próximos a continuar con el proyecto, luego de una serie de definiciones, como la contratación de un estudio para la identificación de restos militares”, refirió durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre “Parques Industriales para el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible”.

 

Barrios Alvarado indicó que, adicionalmente, su sector está impulsando dos proyectos de Parques Industriales en Pucallpa y Trujillo, que vienen siendo coordinados con los gobiernos regionales de Ucayali y La Libertad.

 

“El proyecto de Pucallpa está dirigido a la industria forestal y maderera, mientras que el de Trujillo se enfoca en el sector de curtiembres. Continuaremos descubriendo el potencial de diversificación que tenemos en nuestras regiones”, acotó.

 

Cabe mencionar que la ministra Rocío Barrios estuvo acompañada del viceministro de MYPE e Industria, Óscar Graham.

Destacan avance del Goreu en gastos de inversión

Concretar proyectos de inversión es una de las principales tareas de los gobiernos regionales. Lo tiene claro el gobierno nacional, que ha convocado de forma sostenida los encuentros conocidos como GORE Ejecutivo, uno de cuyos ejes temáticos es el destrabe de la inversión.

 

Es más: durante la última campaña electoral regional, así como una vez elegidas las nuevas autoridades de ese nivel, el presidente Martín Vizcarra hizo hincapié en que los proyectos de inversión no deben retrasarse por el cambio de los gobernantes.

 

Tras casi medio año de la asunción de los nuevos gobernadores regionales, vale la pena revisar en qué medida han logrado materializar la inversión de los más de S/ 9000 millones asignados para ejecutar proyectos. Si bien el porcentaje de gasto no garantiza la utilidad —o la calidad— de lo ejecutado, no deja de ser un indicador de la eficiencia de los gobernantes para usar los recursos.

 

MARCADAS DIFERENCIAS

En promedio, los gobiernos regionales han ejecutado el 16,2 % del presupuesto asignado para proyectos. Esto se traduce en un gasto de S/ 1500 millones de los más de S/ 9000 millones presupuestados. Sin embargo, las diferencias entre las distintas regiones son considerables.

 

La única región cuyo porcentaje de gasto a la mitad del año se acerca al 50 % de ejecución es Ucayali, que ha gastado el 49 % de su presupuesto para proyectos de inversión. Esta cifra es notoriamente superior al 28 % que obtiene su seguidor inmediato, Loreto. La diferencia entre Ucayali y las otras regiones se produce incluso cuando el actual gobernador regional, Francisco Pezo, ha sido elegido por primera vez para ocupar un cargo de elección popular.

 

Las cifras de ejecución en los otros departamentos no son las ideales. Solo cuatro se encuentran por encima del 20 % (Loreto, Lambayeque, Puno y Tacna). Peor aún, 15 de las 25 solo han logrado ejecutar entre el 10 % y el 19 %. Por último, cinco ni siquiera han ejecutado el 10 %. Huancavelica y el Callao tienen una ejecución de 6 % y 5 %, respectivamente.

 

CIFRAS QUE PREOCUPAN

La baja capacidad de ejecución de la mayoría de las nuevas autoridades regionales genera zozobra. En medio año, muchos gobiernos regionales deberán gastar a una velocidad notable para lograr cifras aceptables. Incluso suponiendo que muchos de los nuevos gobernadores están experimentando un proceso de aprendizaje tras su reciente elección —por lo que podrían mejorar en los meses venideros—, el limitado gasto hasta el momento deja entrever que será muy difícil, si es que no imposible, que alcancen la meta de ejecutar el 100 %.

 

Esta incapacidad para invertir supone que muchos proyectos de inversión requeridos para mejorar la calidad de vida —como mejoras en redes de agua y alcantarillado o en las vías de transporte— están hoy paralizados. Además, si los gobiernos regionales no mejoran su ejecución, tendrán dificultades para convencer al Ministerio de Economía y Finanzas —encargado de la distribución de los recursos públicos— de que pueden gestionar los montos que se les asignan, lo que podría afectar la cantidad de dinero que se les asigne en 2020.

 

Ante este preocupante escenario del primer semestre del año, se torna esencial el rol del Ejecutivo como articulador y promotor de las iniciativas de inversión que hasta el momento estén paralizadas. Profundizar la coordinación con los gobiernos regionales —más allá de los encuentros GORE Ejecutivo—, dar asistencia técnica constante y supervisar la ejecución son labores cruciales que el gobierno central tendrá que atender con más empeño. Esto, no solo con miras a finalizar el año con una tasa de ejecución mucho mejor, sino también para buscar que la situación no se repita año tras año. Sin este apoyo, las posibilidades de que el mal persista no son pocas.

 

CIFRAS

16,2 % es el promedio ejecutado por los gobiernos regionales para proyectos de inversión. Ucayali es la región que más gastó (49 %) y el Callao la que menos (5 %).

PERÚ 21

Exportadores se acercan a empresarios portugueses

La guerra comercial entre China y EE.UU. puede significar un riesgo para el desarrollo económico de los países por lo que cobra vigencia la necesidad de una mayor  integración y acercamiento con potenciales socios comerciales informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

 

El presidente de ADEX, Alfonso Velásquez Tuesta, suscribió un convenio con la Asociación Industrial Portuguesa-Cámara de Comercio e Industria (AIP-CCI), representado por su vicepresidente Jorge Pais, para dinamizar el comercio bilateral entre ambos países.

 

ADEX refirió que existen oportunidades comerciales por US$ 2 681 000 000, principalmente de productos con valor agregado, que son los más dinámicos y los que generan más puestos de trabajo de manera descentralizada e inclusiva. “Necesitamos innovar y tecnificar más la industria para diversificar nuestra oferta”, refirió Velásquez.

 

Entre los productos que Perú produce y que Portugal importa mayormente de Brasil y Colombia están los trozos de chocolate orgánico para la industria de alimentos (US$ 119 millones) y que nos compra por solo US$ 10 mil.

 

Asimismo, el jugo de maracuyá, que exportamos al mundo por US$ 40 millones, Portugal lo importa de España, Países Bajos, Brasil, Ecuador y Honduras. Hay que señalar que a través de la gerencia de Agroexportaciones de ADEX se impulsa la mejora de su productividad de ese cultivo.

 

“En el subsector metal mecánico, las empresas peruanas pueden formar parte de la industria portuguesa integrando cadenas de valor que produzcan bienes con un mayor valor agregado. De la misma forma se observa un gran potencial para el rubro cosmético, debido a la producción de cremas para el cuidado de la piel fabricadas con frutos originarios del Perú”, refirió Velásquez.

 

CONVENIO

Para fortalecer los lazos comerciales con Portugal, ADEX y la Asociación Industrial Portuguesa-Cámara de Comercio e Industria (AIP-CCI), firmaron un acuerdo de colaboración, que busca promover y facilitar las inversiones y la promoción de intercambio comercial entre instituciones y empresas de ambas naciones.

 

Una de las primeras acciones que se llevaran a cabo será la organización de una misión comercial a Portugal, en donde las empresas peruanas podrán ofrecer su oferta exportable a potenciales compradores. Asimismo, el titular de ADEX invitó a las empresas portuguesas a participar en la feria Expoalimentaria, que se desarrollará en Lima en septiembre próximo.

 

EXPORTACIONES

Según cifras de ADEX, los despachos a Portugal en el 2018 sumaron US$ 46 818 000, cifra que representó un considerable crecimiento de 70,6 % respecto al año anterior. Los productos no tradicionales fueron los más importantes al representar el 98 % del total.

 

Los principales con valor agregado fueron cinc sin alear, pota y calamares congelados, partes para la fabricación de barcos, oxicloruro e hidroxicloruro de cobre, uvas frescas, preparaciones y conservas de atún, entre otros.

Confesiones del director ejecutivo del Foncodes

Cuando en marzo el gobierno tuvo la necesidad de hacer cambios en el Fondo de Compensación para el Desarrollo Social (Foncodes), se nombró como director ejecutivo al licenciado en administración Wilber Fernando Venegas Torres, quien fuera presidente del Gobierno Regional de Apurímac. Su designación provocó la reacción de sus opositores, quienes lo denunciaron por incompetencia y actos de corrupción. La bulla fue tan grande, que la ministra de Inclusión Social, Paola Bustamante, llegó hasta pedirle su renuncia si no dejaba clara su inocencia. Fue la Contraloría General de la República la que no le encontró responsabilidad y eso lo mantiene en el cargo y hace unos días lo trajo hasta Pucallpa para dirigirse a Contamana y cumplir sus funciones, impulsando proyectos comunales ejecutados por los propios pueblos y alentando actividades productivas en el seno más profundo del país, donde se pueden descubrir nuevas oportunidades de desarrollo que deben seguir un camino de crecimiento para que los más pobres tengan oportunidad de ser más beneficiados, beneficiando a la larga al país y a la reducción de la pobreza. Pero, en política, no es suficiente quedar limpio de culpa en una investigación. Tus detractores seguirán siéndolo y mantendrán la duda en la opinión pública, mellando la bondad de los objetivos de instituciones, como Foncodes. Por eso es que no solo hay que ser, sino parecer inocente. Y Ucayali también tiene programas que conduce dicho organismo necesitan tener estabilidad y pueden tambalear si no hay la suficiente confianza. Por eso ÍMPETU planteó esas contradicciones a Venegas cuando estuvo en nuestra ciudad, y esta fue su defensa.

 

Sus enemigos no dejan de responsabilizarlo por irregularidades cuando presidió el Gobierno Regional de Apurímac y hasta pusieron en duda su formación profesional.

Es un tema político. Quienes participamos en política siempre tenemos detractores y personas que sí están de acuerdo con una gestión. Yo tengo más de una docena de denuncias, pero son por abuso de autoridad, negligencia funcional, que, usualmente cuando uno es titular de pliego, si es que un funcionario comete un abuso de autoridad, de todas maneras van a llamar al titular de pliego.

El tema del supuesto título falso, me lo hicieron cuando postulé todavía, el 2014. Cuestionaron que no tenía título registrado en el Sunedu. Una vez que el Sunedu empezó a registrar los títulos, no sacó ninguna norma que permitiera convalidar los títulos estudiados fuera del país. Recién lo sacó el 2017.

 

La exigencia de convalidar títulos viene de hace muchos años.

Para acreditar títulos dentro del país. Pero para los títulos fuera del país, el Sunedu sacó la norma recién el 2017. Yo no lo podía acreditar mi título el 2014. Es por eso que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no aceptó la tacha porque está demostrado que estudié en la Universidad Carlos III, en Madrid, en Análisis y Gestión de Políticas Públicas, y también estudié Gobernabilidad, en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín y mi tesis fue sobre la reconfiguración geopolítica del Perú. También eso está en trámite, pero el título es absolutamente valedero y real. Por eso, en primera instancia, el juez archivó el proceso.

 

Pero ese tema fue apelado.

Sí. Y ya había prescrito, pero un descuido de mis asesores, ocasionó que mandaran 13 días de sentencia, lo cual apelé y en casación fue admitido. En este momento no tengo ninguna sentencia firme, menos por actos de corrupción.

 

Le cuestionan que, en 4 años, no pudo terminar el Hospital de Andahuaylas.

Ese hospital fue transferido por el Ministerio de Salud a la gestión del David Salazar, quien fue gobernador hasta el 2010. Su gestión mandó hacer los expedientes técnicos y lo dejó con presupuesto completo.

Mi antecesor, Elías Segovia, aprobó el expediente y lo licitó al 110% de su valor. Y esos expedientes están mal hechos, porque desde un inicio la empresa Consorcio Andahuaylas encontró que estaban mal y Segovia se comprometió a solucionar el tema.

Cuando nosotros asumimos el cargo el 2015, no tenía presupuesto, porque Segovia había agarrado recursos del hospital y los destinó a 220 proyectos que no tenían financiamiento, por lo cual la Contraloría lo denunció por 80 millones.

 

Pero el proyecto sigue paralizado y en arbitraje.

Nosotros lo encontramos paralizado y con arbitraje. Y la supervisora había rescindido el contrato en agosto del 2014 por falta de pago por el Gobierno Regional de entonces. Un proyecto sin supervisión no podía continuar. Entonces, mi antecesor, el señor Segovia, el 15 de diciembre firmó un acta de paralización, donde se compromete por cada mes pagarle más de un cuarto de millón de soles a constructora, porque el gobierno regional no tenía los recursos, los habían malversado. Así encontramos la obra.

 

Tampoco era la única obra en arbitraje.

Encontramos 30 arbitrajes. Había 140 millones de deuda con proveedores, porque, confiado en un crédito suplementario que le iba a otorgar el gobierno central de entonces, que no se cumplió, el señor Segovia también usó dinero del desagüe de Abancay, que viene desde el 2006, y empezó otros proyectos. ¿Qué teníamos que hacer? Rescindir el contrato, irnos a un arbitraje, y usted sabe que el Estado usualmente pierde los arbitrajes.

 

Pero la obra ya tenía avances.

Sí, pero había un gran problema, por lo que también la Contraloría va a denunciar al anterior gobernador. Este proyecto era llave en mano y, sin que el hospital esté terminado, compraron todo el equipamiento por más de 60 millones, que ahora está almacenado en Lima. Eso fue algo irregular que la supervisora dio conformidad a Segovia, ya canceló por esos equipos que no están instalados ni funcionan, cuya garantía se está venciendo. Entonces, ninguna empresa seria aceptará un problema para un saldo de obra.

 

¿Está casi condenada, entonces, a mantenerse así como un elefante blanco?

Hemos conciliado. Yo fui citado a la Comisión de Econo0mía del Congreso, porque existen más de una docena de hospitales en todo el país en esa situación, y vimos que están vinculados al Club de la Construcción. De hecho, la supervisora del Hospital de Andahuaylas era subsidiaria de Odebrecht y los expedientes estaban mal hechos.

Nosotros actuamos de acuerdo a norma, haciendo el mal menor. Con apoyo del Centro de Conciliaciones de la Universidad Católica, hemos conciliado, pese a que la empresa decía que no puede conciliar si no tenía dinero para terminar la obra. El MINSA había transferido al Gobierno Regional de entonces el 100 % del presupuesto. ¿Podía volverle a dar dinero para la misma obra? Ha tenido que hacer los análisis correspondientes y, por no perjudicar a los apurimeños, volvió a dar los recursos y conciliamos, aunque la empresa reclamaba que primero le paguen lo que se le debía desde el 2014, más de 8 millones, aunque ya se le había comprometido pagarle cada mes 270 mil soles mensuales. O sea, un cuarto de millón cada mes sin que la empresa haga nada.

 

¿Y aun así se procedió?

Yo, como representante del gobierno apurimeño no podía aceptar eso. Pero, como le digo, tuvimos que conciliar.

 

¿Bajo qué términos?

Que nosotros nos abocamos a pagar todo lo que diga la supervisora. Entonces se tuvo que hacer una licitación para una nueva supervisora. El MINSA hizo el estudio de mercado y determinó un monto. Pero no solamente era la supervisión. Se tenía que validar todo lo que había ocasionado deudas anteriormente. De las 30 empresas que se presentaron, ninguna postuló porque el monto era muy bajo. Se ha tenido que subir al doble, y tampoco. A la tercera vez recién se presentaron. Eso demoró casi un año y los recursos no te los dan de inmediato. El 2015 el presupuesto estaba hecho y no había recursos para terminar el hospital. Recién el 2016 conciliamos y con eso el MINSA nos dio recursos para el 2017.

Otro punto de conciliación fue que la empresa constructora tenía que hacer los expedientes adicionales. Solo para ponerle un ejemplo, el área de comunicaciones tenía un valor de 1 400 000, cuando todos los hospitales del país, en promedio, un hospital II-2, vale entre 12 y 14 millones. ¿Cómo se iba a hacer con 1 millón 400 mil? Era un mamarracho, no tenía ningún sustento técnico. Se tuvo que reformular 7 expedientes pero la empresa pedía adelantos y eso no lo puede hacer el gobierno regional. Después de un año, al no tener los expedientes, tomé la decisión, que legalmente me es permitida una decisión de gestión, para que el gobierno regional haga los expedientes. Así es como hemos saneado el proyecto y la infraestructura física está en 80 %.

 

¿Y el equipamiento?

También está en arbitraje, porque mi antecesor ya lo ha pagado, pero el contrato es llave en mano. Cuando se termine el hospital, tiene que instalar esos equipos. Por eso nosotros no podíamos rescindir el contrato a la empresa, porque quién va a garantizar que eso funcione. Existe la información que, para terminar el hospital de Andahuaylas, solo se necesita que la Contraloría apruebe dos expedientes adicionales, el de comunicaciones y el eléctrico, porque el presupuesto lo garantizaba el MINSA. Eso es todo.

 

Presupuesto. También le objetan mucho reintegro al Tesoro Público.

Es que no se puede revertir, porque ese dinero no es de usos ordinarios.

 

¿Tienen canon minero?

Todavía no existe canon en Apurímac. Hay un tema del Cerro Teta, que es un recurso que recibió mi antecesor como un crédito para adelanto del canon. Pero el Poder Judicial embargó las cuentas de ese proyecto, lo cual es ilegal y hemos quejado y el Ministerio de Justicia nos apoyó. Y el presidente de Suprema dijo que no era posible embargar cuentas de un proyecto, pero en Apurímac embargaron la del Cerro Teta. Después que lo desbloquearon, está en plena construcción.

 

Según estudios, Apurímac era la región más corrupta.

Es la única región que en 4 años ha subido 5 puntos en competitividad. La conflictividad se redujo. Pero sí, antes que mi persona asuma el gobierno regional, de acuerdo a Ciudadanos al Día, Apurímac estaba considerada como la región más corrupta del Perú. Pero no todas las autoridades somos corruptas. Los corruptos quieren hacernos creer que todos somos corruptos y no es así. Yo soy una persona honesta desde mis padres. Mi padre ha sido tres veces alcalde de mi pueblo, nunca ha tenido una denuncia. He manejado anteriormente un programa social, nunca tuve denuncias por corrupción. No tengo sentencias, vivo de mi sueldo y eso lo sabe la población.

Pero nuestros contendores políticos no deben desesperarse, porque no pienso volver a postular, salvo que la población me lo pida.

 

¿El Gobierno Regional de Apurímac ha tenido alguna injerencia en la ejecución del proyecto Las Bambas?

Las Bambas es un proyecto netamente nacional, estratégico, importante. Y nosotros, como gobernadores regionales, tenemos, de acuerdo a la ley, también una responsabilidad de promover la inversión pública y privada. El 60% de la región Apurímac está concesionada, porque estamos encima de una cordillera de cobre. Y ahí están las encuestas: en Apurímac no existe un sentimiento anti minero. Pero sí hubo huelgas, paros porque el gobierno central actúa muy lento. El gobierno regional también. No lo hemos hecho con la rapidez que la población desearía.

La zona de Cotabambas es la más pobre de la región Apurímac y de la noche a la mañana ingresan recursos importantes y crea todo un problema social y económico. Tenemos que actuar con mayor rapidez, pero todavía no recibimos recursos del canon.

 

Pero recibieron 80 millones de adelanto.

Sí, pero ya quisiéramos recibir lo haber recibido casi 180 millones como Chalhuahuacho, como distrito. La región Apurímac recibió casi 500 millones, pero como gobierno regional solo manejamos el 20 % de ese adelanto de canon. El 70 % fue al agro y somos la región que más invirtió en agricultura, después de Arequipa, en riego tecnificado. Ninguna región ha forestado como nosotros. Hemos sembrado 28 millones de árboles. Y de acá a 20 años va a estar valorizado en más de 6000 millones de dólares, de la cual son dueñas las comunidades. Hemos reactivado la economía y se ha hecho sin planillas fantasmas, con total transparencia.

 

Apurímac también tiene su proyecto tren.

No solo hay que atraer inversión minera, así que nosotros hemos propuesto y está en plena licitación hacer un tren desde Marcona hasta el límite con el Cusco. Y hemos creado una mancomunidad, igual que acá en la Amazonía han hecho la Mancomunidad Amazónica Central los Andes, que le va a permitir acceder a Lima y conectarse con Brasil, nosotros tenemos Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Madre de Dios para hacer un corredor. Los estudios del tren ya están en plena licitación. Esperamos que pueda ser también un eje de desarrollo adecuado.

 

Aun así, las investigaciones tendrán que seguir.

Cuando el año pasado me invitaron a la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) tuve oportunidad de mostrar resultados concretos de desarrollo y crecimiento en Apurímac. Ya no somos la región más corrupta, por lo menos cuando yo dejé la gobernación. Tampoco tenemos los más altos niveles de conflictividad y yo no tengo denuncias por corrupción.

 

Lo que no significa que no aparezcan.

Es probable que las voy a tener, pero las autoridades correspondientes como la Contraloría y el Poder Judicial, podrán determinar si hay o no irregularidades. Nunca se puede agradar a todos, pero tengo la tranquilidad y satisfacción de haber actuado y actuar con honestidad, con transparencia y al servicio de los ciudadanos, como lo hacen muchos ciudadanos de a pie.

Cuántos presidentes de comunidad acá en la Amazonía trabajan gratis por el desarrollo de su región, de su pueblo, sacrificando a su familia. Pero los alcaldes, los gobernadores, los funcionarios hacemos lo mismo, pero pagados. Entonces, la corrupción de una autoridad, un funcionario no solamente es un delito, es un crimen. Es quitarle oportunidades a los que menos tienen, de haber faltado al compromiso y a la confianza, porque los ciudadanos nos dan la confianza para administrar su dinero. Entonces, yo creo que la corrupción no solo es un delito, es un crimen.

Venezolanos solo ingresarán al Perú con pasaporte y visa humanitaria

El presidente Martín Vizcarra anunció este jueves que, a partir del 15 de junio, los ciudadanos venezolanos solo podrán ingresar a territorio nacional con pasaporte y visa humanitaria.

 

Señaló que dicha medida busca garantizar una migración “segura y ordenada”. Mencionó que la visa humanitaria debe ser tramitada en los consulados de Perú en Caracas.

 

“El Perú tiene una larga tradición de acoger de manera humanitaria a ciudadanos de otros países, pero también como país tenemos la obligación de velar por la seguridad, tranquilidad y paz de todos peruanos”, manifestó

 

El jefe del Estado ofreció estas declaraciones tras supervisar la expulsión de un tercer grupo de ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales y/o penales que ingresó al Perú falseando su información migratoria.

 

El mandatario dijo que la medida se adopta en aplicación del artículo 58 de la Ley y Reglamento de Migraciones.

 

Precisó que ya suman 140 ciudadanos venezolanos, incluidas mujeres, que fueron detenidos en diversas regiones de nuestro país que retornaron a su tierra.

 

“Sí a abrir los brazos como siempre lo ha hecho el Perú, pero ahora tenemos que ser y vamos a ser rigurosos en el control de personas que ingresan, además las que han ingresado de manera ilegal serán expulsados”, expresó.

¿Por qué se celebra el 7 de junio? Día de la Bandera en Perú

El 7 de junio de 1880, hoy hace 139 años, las tropas peruanas lucharon contra el ejército chileno en la Batalla de Arica, una de las campañas terrestres que pertenecen a la Guerra del Pacífico (1879-1883). Perú rinde un homenaje cada 7 de junio a los valientes héroes que murieron defendiendo la nación.    La Batalla de Arica ocurrió después de que Perú fuese derrotado en la Batalla del Alto de la Alianza (1880) ante Chile y la posterior perdida de Tacna y Arica. El ejército peruano debía abandonar la zona y, por tanto, dejar que los chilenos controlaran ambos sectores. Sin embargo, los soldados peruanos decidieron quedarse y defender el lugar aún a costa de su vida. La batalla se saldó con 700 peruanos muertos y más de mil heridos que fueron tomados como prisioneros por los chilenos.

En este día también se rinde homenaje a grandes figuras históricas de aquella batalla y de la historia peruana como el coronel Francisco Bolognesi recordado por defender Arica “hasta quemar el último cartucho”, frase que ha pasado a la historia; el coronel Alfonso Ugarte, que se tiró por un precipicio llevándose consigo la bandera de Perú para que el enemigo no la tomara como trofeo; o el capitán José Luis Sánchez Lagomarsino, que hundió el barco Manco Cápac para que no cayera en manos chilenas.

La determinación de no rendirse hizo que hoy se les rinda homenaje a todos aquellos que pelearon en defensa de sus ideales y de la nación. Asimismo, cada año se realiza la Jura de la Bandera, un acto que reúne a la población civil, las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú.

Según algunos historiadores, el color rojo de la bandera peruana simboliza la sangre derramada por los héroes que lucharon por el país y por su gente, mientras que el color blanco representa la libertad, la justicia, la pureza de los sentimientos y la paz de la nación.

La bandera actual se adoptó oficialmente el 25 de febrero de 1825, durante el gobierno de Simón Bolívar, después de varias modificaciones. De esta forma, quedó conformada por las dos franjas verticales de color rojo y una blanca  con el escudo de armas en el centro.

No obstante, en 1950 el dictador Manuel Odría modificó el uso de la bandera haciendo que el modelo simple, sin el escudo, fuese la bandera nacional y reservó la que tenía escudo para uso de las instituciones oficiales del Estado.

ADEX: “es momento de trabajar por el país”

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Alfonso Velásquez Tuesta, saludó que el Congreso de la República haya otorgado al Gobierno la cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra, para impulsar las reformas políticas, a fin de brindar un clima de estabilidad que aporte a la recuperación del país.

 

“Se trata de una decisión que puede marcar el inicio de una gestión conjunta entre ambos poderes del Estado. Es momento de  trabajar por el Perú; la población espera las reformas y una gestión coordinada para implementar iniciativas que logren el desarrollo económico y social”, dijo.

 

El líder gremial instó a dejar de lado la revancha y poner el interés nacional por encima del personal y político, pues consideró que solo de esa forma se lograrán los objetivos nacionales.

 

Añadió que la estabilidad jurídica debe ser la base para incentivar la inversión privada, por lo que se hace necesario otorgar señales claras a los empresarios peruanos y extranjeros que quieren invertir. “Necesitamos normas que promuevan e impulsen sectores intensivos en mano de obra”, apuntó.

 

Mencionó el caso de la pequeña empresa, la acuicultura, forestal, joyería y otros más que con un marco jurídico estable en el tiempo y que recoja las necesidades de esas actividades, podrían generar empleo, ingresos al fisco y un crecimiento descentralizado.

 

Recordó que las agroexportaciones evolucionaron de gran manera gracias a la Ley de Promoción Agraria y que la cadena textil-confecciones, químicos, siderometalurgia y metalmecánica están consolidando su recuperación gracias a la Ley de Promoción de Exportaciones No tradicionales, las cuales deberían ser ratificadas, a fin de reducir la pobreza y exclusión.

¿Es confiable la confianza?

¿Con la aprobación de la Cuestión de Confianza se resolvió la crisis política generada por los enfrentamientos recurrentes entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Los 77 votos a favor de la confianza otorgada al gobierno significan que sus seis proyectos de Reforma Política serán aprobados tal cual fueron presentados?

Lo único que está garantizado es que de aquí al 28 de julio se presentarán un sinfín de preguntas más, así como más situaciones confrontacionales entre ambos poderes del Estado por interpretación que cada cual tenga de las medidas que se vayan dando paso a paso en la concreción de esta “confianza”.

Solo es cuestión de mirar qué pasó desde que Martín Vizcarra Cornejo y Salvador Del Solar Labarthe caminaron por las frías calles que separan Palacio de Gobierno del Palacio Legislativo para plantear la Cuestión de Confianza para sus propuestas de Reforma Política basadas en sugerencias de una comisión de alto nivel, que inicialmente fueron cinco y después subieron a seis, hasta el debate de dos días plasmado en el escenario parlamentario. Uno y otro buscó medir fueros acusándose mutuamente de sus fallas, de sus incompetencias, de las funciones no cumplidas, del peso constitucional, valedero o no, de sus planteamientos.

Mientras cada plano de estos poderes del Estado desprestigiaba al otro, a pocos metros, apenas detrás de sus puertas, estaba el país real, con la gente que busca trabajo, el país real en el que seguramente en esos mismos instantes alguien era asaltado en una calle de la vieja Lima y quizá asesinado allí en la capital, o aquí en Pucallpa o en cualquier rincón del país; el país real de existencia ignota, como Lagunas, que en pleno debate elevó un cuestionamiento al Ejecutivo por no atender las necesidades surgidas a raíz del último terremoto en la Amazonía que estremeció al mundo por su magnitud pese a su bajo efecto en fatalidades, salvo para los de Lagunas, Yurimaguas, Cajamarca y otros sitios pobres, donde la anemia es mucha más acentuada, los servicios educativos menos atendidos, la salud prácticamente soslayada y otros dolores del Perú real que, si bien se manifiesta porque se vayan todos a sus casas, es un manifiesto de sentimiento contra todo lo que es político, bien lo Ejerza el Ejecutivo o el Legislativo. Y si le preguntaran en dónde ponemos al otro poder del Estado, el Judicial, ipso facto la respuesta también sería que se vayan a su casa.

Eso muestra y demuestra, efectivamente, que el ciudadano de a pie está hastiado de la política, pero mortalmente contra los políticos. No los quiere ver. Lo que significa que, obviamente, es urgente una Reforma Política. Y el Congreso ha votado por asumirla.

¿Pero la asumirá como se la está exigiendo su rival, el Ejecutivo? Realmente no se sabe y lo más probable es que no sea así.

Del Solar, el propio Vizcarra y demás voceros del Gobierno sostienen que así tiene que ser o, de lo contrario, interpretarán que la confianza otorgada ayer, fue un ardid, pues los legisladores reformularán las propuestas y desvirtuarán la “esencia” de las mismas, obligándolos a tomar esa actitud política como una “desconfianza”, que exigiría al Jefe de Estado asumir su potestad de cerrar el Congreso. Los congresistas, en cambio, ya adelantaron que, como es constitucional, no están sujetos a mandato imperativo y lo que hagan en la formulación final de la Reforma Política no es revocable ni observable por el Ejecutivo, como bien dispone la Constitución.

¿Qué ha pasado entonces? ¿Se arriesgarán a que más adelante se cierre el Congreso, pudiendo haber enfrentado esa opción en este pedido de confianza? No, pero ganan un espacio para extender el debate y procurar ajustarlo a los modos que la Constitución permite, para que conserven el equilibrio de poderes.

Ese equilibrio que permitió que la mayoría congresal, en sus buenos días de mayoría absoluta, pechara y revolcara al Poder Ejecutivo hasta sacar del sillón de Pizarro a quien les ganó en las urnas, Pedro Pablo Kukzynski; ese equilibrio que después a los pepekausas, una vez reducido el número de representantes de esa mayoría, encontraron la opción de arrinconar a los fujimoristas pese a que el Gobierno de Vizcarra no tiene ni bancada, porque el PpK se dividió, y sin partido y con la estrategia de las encuestas, recuperó poder, que también le pende de un hilo, porque esos números le suben y bajan según la estación política, como que por estos días lo tiene de capa caída, pero seguramente recuperarán terreno con esta sensación de triunfo sobre el Legislativo.

Lo que han aprobado fue asumir la Reforma Política. ¿Cómo? Está por verse. Pero una Reforma Política no garantiza que las aspiraciones del pueblo sean atendidas. Menos que la corrupción se reduzca en el ámbito parlamentario que, sin embargo, en cifras, tiene menos responsabilidad en los escándalos Lava Jato, clubes de la construcción y otros en los que el propio Ejecutivo, desde el nivel central hasta las estructuras distritales, guardan la responsabilidad de casi todos los 10 mil millones de soles que anualmente se come la corrupción de nuestros bolsillos, un escenario en el que Vizcarra también tiene sus cuitas con más de cuarenta acusaciones, guardadas, por la inmunidad total que goza el Presidente de la República, una institución que protege la potestad fiscalizadora de quienes representan a la ciudadanía, como son los parlamentarios, pero que está alicaída por su propia conducta.

¿Esos comportamientos cambiarán porque se cambie un texto legal o constitucional? Dudoso. La gente, como todavía se puede llamar a los parlamentarios y gobernantes, irá cambiando en la medida que cambien estructuras humanas, moldeadas por valores, por la sensibilidad que provoca el arte, la educación, el deporte, el razonamiento que analice lo que nos corresponde como ser humano y se crea realmente que se puede llegar al poder para servir y no para servirse. ¿Será posible? Es cuestión de confiar.

En el Perú roban 6000 celulares diarios

El Perú es uno de los escenarios más fuertes en robo de equipos móviles, 6000 equipos celulares se roban diariamente en todo el país, informó Rubén Ponce Paredes jefe del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Esto genera un movimiento de medio millón de dólares mensuales en el mercado negro que ha sido descubierto por el Ministerio del Interior, así como después de los bloqueos genera la clonación de la dirección del IMEI de los móviles.

Hasta la fecha no se tiene una estadística concreta con respecto a los robos en la región de Ucayali, por lo que sería una de las regiones que presenta esta problemática, el cual impide bajar la incidencia de clonación de las direcciones IMEI.

Las diversas modalidades han hecho que se pierdan estos equipos por lo que en la actualidad OSIPTEL tiene registrados 200 000 equipos móviles robados en todo el país desde agosto de 2018.

“El presidente Vizcarra tiene el apoyo de los 25 gobernadores”

El gobernador de Ucayali, Francisco Pezo Torres indicó que los 25 gobernadores del Perú coincidieron en dar su respaldo al gobierno del presidente Martín Vizcarra, y esperan que el Congreso de la República se ponga al servicio de la ciudadanía.

“Tomamos esa decisión porque no podemos apoyar una desestabilidad política y teniendo en cuenta que el Congreso pone trabas a las políticas públicas. [El Ejecutivo] ha solicitado 6 políticas públicas y después de mucho tiempo han aceptado uno; eso quiere decir que no lo van a aprobar hasta el 28 de julio de 2021”, refiere.

Es así que el gobernador de Ucayali respalda el pedido de confianza, porque es una cuestión de presión y plazo para que se implemente las políticas, “el presidente Vizcarra tiene el apoyo de los 25 gobernadores”, asegura.

Reconoce que esta crisis política causa desestabilidad, interrumpe y retrasa las gestiones entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales. Pero añade que cree este es el camino “a una estabilidad política en el gobierno nacional”.

Sobre una posible negativa del Congreso a la cuestión de confianza y por ende cierre del congreso, el gobernador desde su punto de vista aduce que este es un derecho constitucional del presidente; pero espera a que se llegue a tal extremo.

“[El cierre del Congreso] traería retrasos y sería fatal; esperemos que los congresistas se pongan de acuerdo y al servicio de la ciudadanía peruana y sean los impulsores de las políticas públicas”, puntualizó.