Durante el operativo que terminó con la captura del contador Julio Walter Vásquez Alva regresó al tapete la inexistencia de un juzgado especializado en materia tributaria, aduanera y ambiental en nuestra ciudad. Esto a razón que la orden de allanamiento que amparó el operativo conjunto de la SUNAT y el Ministerio Público fue emitida por el cuarto Juzgado de Investigación en Delitos Aduaneros, Tributarios y Ambientales de Huánuco. Consultado Ricardo Jiménez, fiscal superior y presidente de la Junta Superior de Fiscales dijo “Cuando nosotros tenemos intervenciones de delitos tributarios o medioambientales estos hechos son de competencia exclusiva de un juzgado que se ha creado en la ciudad de Huánuco, lo cual acarrea un sinfín de problemas para los fiscales, porque estamos trabajando aquí en Pucallpa y muchas veces tenemos que trasladar a los detenidos para pedir la prisión preventiva”. Esto implica un gasto que debe asumir el Ministerio Público ya que no se cuenta con un juzgado en la ciudad de Pucallpa. Este gasto, según el doctor Jiménez, entre combustible y viáticos del fiscal, el chofer y el efectivo policial que acompaña la comitiva oscila entre mil 500 y 2 mil soles. Considerando que dentro del Ministerio Público aquí en Ucayali se realizan entre 3 y 4 procesos mensuales, obtenemos que en un año en el menor de los cálculos el Ministerio Público realiza un gasto de 54 mil soles de su ya reducido presupuesto. Todo esto considerando que la audiencia no se postergue o reprograme. Así mismo Jiménez declaró “La presencia de un juzgado de esa índole (tributario/ ambiental/ facilitaría muchísimo, sería de gran ayuda porque evitaríamos los viajes a la ciudad de Huánuco en los que corren peligro la vida de los fiscales por los constantes derrumbes en el boquerón de Padre Abad. Evitaría el altísimo costo social de una tragedia debido al estado de la ruta” finalizó.